CDMX.- La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que permanecen pendientes de ejecutar 17 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de contrabando de combustible detectado en 2025 el puerto de Altamira, Tamaulipas.

Tras dar a conocer que México ya presentó tres solicitudes formales de extradición a Estados Unidos, la Mandataria precisó que, hasta el momento, hay 15 detenidos por ese expediente, entre ellos 11 integrantes de la Marina y cuatro civiles.

«Respecto al buque de Altamira, hasta el momento, hay en total 15 detenidos, 11 marinos vinculados y cuatro civiles. Hay 17 órdenes de aprehensión pendientes de este mismo caso. 17 órdenes de aprehensión pendientes», señaló.

En septiembre de 2025, Grupo REFORMA reveló que una red encabezada presuntamente por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, estaba implicada en el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en las aduanas de Altamira y Tampico.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hermanos Farías pagaban mediante intermediarios hasta un millón 750 mil pesos a subordinados por cada buque al que permitían descargar combustible en recintos fiscales.

La indagatoria se relaciona con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025, tras la llegada de un buque cuyo cargamento había sido declarado como un producto distinto al combustible que transportaba.

En septiembre de ese año, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de 14 personas, entre empresarios, marinos en activo y en retiro, así como ex funcionarios de Aduanas, por su presunta participación en una estructura dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos.

Este miércoles, Sheinbaum informó que tres de las órdenes de aprehensión pendientes corresponden a personas cuya entrega fue solicitada formalmente a las autoridades estadounidenses.

«De las cuales tres corresponden a peticiones de extradición formales, que ya hizo México a los Estados Unidos», afirmó.

La Presidenta explicó que las diferencias entre las legislaciones de ambos países han complicado la preparación de las solicitudes, debido a que algunas conductas relacionadas con el contrabando de combustible no están tipificadas de la misma manera en Estados Unidos.

Señaló que la FGR ha trabajado con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para identificar delitos equivalentes que permitan sustentar jurídicamente las extradiciones.

«Puede ser fraude, pueden ser otros tipos de delito que tienen que tipificarse y tienen que complementarse para poder hacer claro la orden de extradición de acuerdo a con los tratados de extradición», explicó.

La Mandataria añadió que el cumplimiento de las solicitudes dependerá de las autoridades estadounidenses,y señaló que algunas de las personas requeridas tienen ciudadanía de ese país.