Reynosa, Tamaulipas.- Las condiciones de encarcelamiento y abuso en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), que causaron la muerte de 40 personas en Ciudad Juárez, se repiten en la frontera de Tamaulipas con Texas.

Además, miles de migrantes, en su mayoría familias centroamericanas y sudamericanas que piden asilo a Estados Unidos, viven en saturados albergues, hacinados en improvisados campamentos y hasta en calles y plazas de Reynosa y Matamoros.

Defensores de los derechos humanos han advertido desde hace meses que los migrantes están en «bombas de tiempo» en las que se puede registrar una tragedia y han urgido infructuosamente a las autoridades a tomar medidas.

Pese a que el Poder Judicial federal determinó que los migrantes no pueden estar retenidos más de 36 horas, el edificio es virtualmente una cárcel, con las ventanas tapadas y con rejas y bardas perimetrales, donde los extranjeros están más tiempo.

«Tengo casos de extranjeros que han sido retenidos hasta cuatro meses», cuestionó Juan Carlos Abrego, abogado de migración.

En el lugar, narró, los migrantes son retenidos para investigar si tienen recursos y luego empiezan a llamar a familiares para extorsionarlos, periodo en el que son maltratarlos y les limitan el agua y la comida para apurar la entrega del dinero.

Recordó que esas mismas condiciones de encierro y abuso en el INM de Ciudad Juárez causaron el pasado 27 de marzo una protesta en el área de celdas, que concluyó con la muerte de 40 migrantes por un incendio y porque los custodios no los dejaron salir.

Fuera del INM, los migrantes viven en albergues saturados o hacinados en campamentos en la vía pública.

Según estimaciones de defensores de los migrantes, al menos 14 mil extranjeros están varados en Reynosa y Matamoros, ya que otras ciudades de Tamaulipas, como Nuevo Laredo, no son puntos relevantes para solicitar asilo a Estados Unidos.

En Reynosa, por ejemplo, un albergue Senda de Vida tuvo que ser evacuado luego de que se incendió un basurero clandestino próximo, pero a pesar de que se trata de un centro para salir sin restricciones, hubo 150 niños intoxicados.

«No sólo en los albergues tienen riesgo, en toda la ciudad», lamentó Galdy Edith Cañas, defensora de los derechos humanos en Matamoros. «Esto es una bomba de tiempo».