La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) dio a conocer que se abrieron carpetas de investigación contra los candidatos Adrián de la Garza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León.
A través de un comunicado se informó que la carpeta de investigación del candidato Adrián de la Garza se va a asignar a un juez para llevar el proceso correspondiente, De la Garza habría violentado el artículo 19 de la Constitución mexicana por el uso de programas sociales con fines electorales al pedir el voto de la ciudadanía femenil a cambio de la “tarjeta Rosa”.
“Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente”, indicó la FGR.
Así mismo, se investiga al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y al papá del candidato por aportaciones para fines electorales.
“Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “R”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales. Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria., dice el comunicado.
