CDMX.- Por violaciones al debido proceso y las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley, un tribunal federal ordenó resolver de nueva cuenta si Tomás Yarrington debe o no continuar sujeto a juicio por narcotráfico.
La magistrada Angélica Lucio Rosales, del Tribunal Colegiado de Apelación de Nuevo León, dejó sin efecto la formal prisión dictada al exgobernador priista de Tamaulipas por delitos contra la saludm, e instruyó reponer el procedimiento.
De acuerdo con la sentencia, son dos los argumentos que la Magistrada consideró fundados para devolver el caso al Tribunal Colegiado de Apelación de Matamoros, Tamaulipas, con la finalidad de que nuevamente determine la situación jurídica del acusado.
Por un lado, consideró que el exmandatario estatal fue procesado con base en confesiones y declaraciones que fueron ofrecidas en copias certificadas y son parte de otras averiguaciones previas, es decir, no fueron recabadas en la indagatoria con la que fue acusado.
La Magistrada sostuvo que esta omisión es contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece de manera categórica que los testimonios recabados en copia de una investigación distinta no pueden ser consideradas para acreditar la existencia del delito.
Lo anterior, porque esas pruebas no se desahogaron ante la autoridad jurisdiccional competente y, por tanto, privó al encausado de la posibilidad de controvertirlas y alegar respecto de ellas.
«El contenido de esos testimonios o confesiones no podía ser considerado como prueba válida dentro de la causa penal en estudio, pues nunca fueron rendidos ante el juez que conoce del proceso», sentenció Lucio Rosales.
El otro argumento de la magistrada para reponer el procedimiento es que Yarrington ofreció dos pruebas de descargo y el Tribunal de Matamoros no las tomó en cuenta para resolver la apelación.
Una de ellas es una carta del testigo protegido con nombre clave «Pitufo», fechada el 16 de agosto de 2016, en la que manifiesta que fue presionado por autoridades estadounidenses, entre ellas un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y un fiscal federal, para «declarar falsamente» contra Yarrington y su sucesor Eugenio Hernández.
La otra prueba es el documento en el que la Fiscalía General de la República (FGR) dicta el no ejercicio de la acción penal en favor de uno de los supuestos cómplices de Yarrington, porque estima que los dichos de los tres testigos protegidos interrogados son insuficientes para acreditar el delito.
El fallo de la magistrada no es definitivo porque la FGR aún puede impugnarlo con un recurso de revisión, mismo que resolverá un tribunal colegiado de circuito.
En caso de confirmarse esta sentencia, el caso volverá al tribunal de apelación de Tamaulipas para que, con libertad de criterio, pero omitiendo los dichos de los testigos cuestionados y considerando las pruebas de descargo, resuelva si el exgobernador debe o no continuar bajo proceso.
Yarrington fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia, y extraditado el 20 de abril de 2019 a Estados Unidos, donde fue condenado a 9 años de cárcel, tras haberse declarado culpable de lavado de dinero.
El 9 de abril de 2025 el exmandatario fue deportado a México e internado en el Penal del Altiplano. Aún si consiguiera cancelar el proceso por narcotráfico, el tamaulipeco continuará preso porque tiene otros dos procesos en curso, uno por delincuencia organizada y otro por lavado de dinero.
