CDMX.- Con tres infiltrados que en México y Estados Unidos grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal de Los Chapitos, la DEA pudo conformar las principales acusaciones contra el Cártel de Sinaloa.
Uno era Miguel Alonso Payán, miembro del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán; otro era Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos, y un tercer sujeto que sólo es identificado con las claves “NN” fungía como administrador de las bodegas de droga del cártel en California.
Payán, originario de Culiacán y quien trabajó en la vigilancia de los laboratorios de fentanilo, declaró que el Cártel de Sinaloa enviaba hasta 500 mil pastillas mensualmente del opioide a Estados Unidos.
Ofreció a la Agencia Antidrogas los detalles de cómo en Aguapetito, poblado de Navolato, la “cocina” de drogas se hacía en un sótano al que solo podía accederse en un elevador. Salían de ahí diariamente decenas de barriles de 200
litros.
“La entrada del laboratorio podía ser cubierta con tierra y ramas, tenía estufas y prensas para hacer kilos de pastillas de fentanilo. Se enviaban de 400 mil a 500 mil píldoras de fentanilo en aviones pequeños a la frontera”, informó Alonso Payán.
Al menos hasta mayo del año pasado, la DEA tuvo esas tres fuentes privilegiadas de información que pertenecieron al círculo cercano de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel.
Los tres entregaron a las autoridades estadounidenses fotografías de lugares y vehículos, nombres de cómplices, ubicaciones de laboratorios y detalles de la distribución en Estados Unidos entre 2017 y 2022, además de que todas sus conversaciones electrónicas y telefónicas eran vigiladas.
