CDMX.- El Gobierno federal condenó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria para Jesús Murillo Karam, en uno de los juicios que se siguen contra el ex Procurador General.

«Esta condenable decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad», señaló en un pronunciamiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ).

En el escrito, la CoVAJ indicó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), impugnará dicha resolución.

Anunció que también solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, al considerar que quebrantó el principio de legalidad e imparcialidad.

«Además, que se revise la argumentación emitida por el juez durante la audiencia, que tuvo como propósito fijar una postura más allá de la motivación judicial para justificar el cambio de medida cautelar», agregó.

En una audiencia de más de siete horas, un juez federal concedió a Murillo Karam prisión domiciliaria con brazalete electrónico por motivos de salud, en el primer proceso que le iniciaron por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el Caso Ayotzinapa.

A pesar del fallo, el ex Procurador no se irá en lo inmediato a su casa de las Lomas de Chapultepec porque está sujeto a la prisión preventiva justificada en un segundo proceso, también abierto por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Para la CoVAJ, que encabeza la Secretaría de Gobernación, el juez José Rivas González usó el encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa 3072022, Edmundo Manuel Perusia, para cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria.

«Estaremos atentos a que se respete la legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos», señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina.

El también presidente de la CoVAJ advirtió que esta determinación se emitió en día inhábil y de manera similar a los llamados «sabadazos», por lo que se violó el «curso regular de la justicia».

Medina, quien fue nombrado hace apenas unos días en sustitución de Alejandro Encinas, consideró que el juzgado usó la festividad del Día de Muertos como distractor.

«Sorprende aún más que se haya fijado la audiencia en un plazo de tres horas, una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días», amplió Medina.

«De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia el juez hizo comentarios ideológico-políticos que exceden la argumentación jurídica y comprometen la imparcialidad».

El subsecretario acusó que el juez no prestó atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR.

En dicho análisis, reveló el funcionario, se concluye que el riesgo de sustracción es alto, que no han cambiado las condiciones bajo las cuales se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y que su estado de salud es estable.