A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el clamor de las familias sigue siendo “vivos los queremos”. La lucha por saber qué ocurrió con los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 ha llevado a sus familiares —convertidos en activistas y defensores de los derechos humanos a consecuencia de la tragedia— a encarar al Ejército mexicano y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que las Fuerzas Armadas han colaborado con la investigación y que se ha entregado toda la información que se tiene sobre el caso.

El 26 de septiembre, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaron a Iguala, al sur del estado de Guerrero, con la intención de secuestrar autobuses para poder trasladarse días después a Ciudad de México, donde participarían en la marcha y otras actividades conmemorativas de la represión del 2 de octubre de 1968. Mientras salían de Iguala, los cinco autobuses con normalistas (dos en los que viajaban, mas otros tres que tomaron en la terminal tras una trifulca) fueron interceptados en distintos puntos por policías municipales, federales y sus socios del crimen organizado. En la emboscada murieron tres estudiantes y tres personas ajenas al contingente. Uno de los normalistas heridos sigue en coma tras los disparos de los policías. Aquellos que fueron obligados a bajar de los vehículos, en total 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron detenidos y hasta hoy siguen desaparecidos.

Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, fue quien lideró las investigaciones del caso bajo la Administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la versión del Estado, los policías de Iguala y Cocula se asociaron y entregaron a los muchachos al grupo criminal Guerreros Unidos. El Gobierno aseguró que ellos fueron quienes los asesinaron y presuntamente se deshicieron de ellos incinerándolos en un basurero cercano al río San Juan. Esta línea de tiempo de los hechos pasó a ser conocida como “la verdad histórica”, pero los padres y forenses coincidían con que la investigación carecía de fundamentos científicos y se calificó como un intento de las autoridades para cerrar el caso apresuradamente. Fue el hallazgo de un fragmento óseo de Christian Rodríguez en el sitio conocido como “la barranca de la Carnicería” lo que finalmente comprobó la manipulación por parte de la Fiscalía.

Ante la incertidumbre, se pusieron en marcha diversas pesquisas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y organismos independientes a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo que hace dos meses presentó su último informe en el que se señala el espionaje realizado por el Ejército en Iguala. “El desafío ha sido monumental. El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43″, dijo el investigador Carlos Beristáin.

En el marco del noveno aniversario de la tragedia, la actual administración entregó un nuevo reporte en el que se reitera que toda la evidencia se ha entregado a las autoridades y los familiares de los 43 desaparecidos, sin embargo, la ruptura del diálogo con el Gobierno de López Obrador parece inminente, ya que se ha sentenciado que en las últimas reuniones con el mandatario y su equipo se ha vuelto a criminalizar a los jóvenes, al igual que en los años posteriores al brutal ataque y quita la responsabilidad del Estado en la desaparición y el encubrimiento del paradero de los normalistas de Ayotzinapa.