CDMX.- Javier Duarte pidió a una juez federal el amparo y protección de la justicia contra cualquier nueva orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o localización que pretendan ejecutarle en su celda del Reclusorio Norte.

Su demanda fue admitida por Ruby Celia Castellanos Barradas, Juez Décimo de Distrito en esta capital, quien suspendió temporalmente la ejecución del posible mandamiento judicial, bajo la condición de que cubra el pago de una garantía de 28 mil pesos.

La impartidora de justicia precisó en su resolutivo que esta protección judicial únicamente impedirá la ejecución del posible mandamiento de captura si el delito no contempla la prisión preventiva de oficio. En caso contrario, no podrá suspender la aprehensión.
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«La medida que se concede surte efectos desde luego, pero se revocará si el quejoso no exhibe dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, garantía por la cantidad de 28 mil pesos», acordó.

La juzgadora solicitó a diversos jueces y dependencias informarle si efectivamente existe la orden de captura y, en función de las respuestas, el próximo viernes celebrará la audiencia incidental en la que definirá si concede o no la suspensión definitiva.

También tiene previsto para el 16 de diciembre llevar a cabo la audiencia constitucional, el último requisito que debe cumplir para dictar la sentencia de amparo.

Si bien Duarte cumple con una sentencia y tiene en curso dos procesos, cuenta con dos órdenes de aprehensión -una federal y otra del fuero común- por las cuales a la fecha no ha sido procesado. Este amparo pretende combatir ambos mandamientos de captura.

La federal es por delitos electorales, porque presuntamente cancelar el presupuesto previsto para el Organismo Público Electoral de Veracruz (Ople).

La local es por desaparición forzada de 13 personas en el paraje de Barranca de la Aurora, en el Municipio veracruzano Emiliano Zapata, en enero de 2016.

El ex gobernador de Veracruz fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México el 17 de julio del mismo año.

Desde entonces está preso en el Reclusorio Norte.

El 26 de septiembre de 2018, el veracruzano se declaró culpable tras negociar con la entonces PGR un procedimiento abreviado para obtener una pena menor y fue sentenciado a 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, derivado de los desvíos millonarios de su gobierno.

Adicionalmente, tiene dos procesos en el fuero común, uno por el delito de incumplimiento del deber legal y otro por un presunto peculado de 220 millones de pesos.