Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de que el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl el pasado 30 de octubre, alegó prejucios de forma irreparable, un Juez de Distrito con sede en Reynosa declaró improcedente en definitiva la designación de los dos Vicefiscales que recientemente nombró la Fiscalía tras una reforma aprobada por Morena en el Congreso Estatal.

Lo anterior, en el amparo indirecto 2142/2023 que presentó Ramírez contra el decreto 65-667 de dicho Poder legislativo y que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), publicado el pasado 24 de octubre, en el Periódico Oficial del Estado (POE).

En cumplimiento al decreto, la Fiscalía designó el pasado 30 de octubre como Vicefiscal Especializado en Procesos Penales de Hechos en Materia de Corrupción a Federico González Scott y a Jesús Eduardo Govea Orozco como Vicefiscal Especializado en la Investigación de Hechos en Materia de Corrupción, este último cercano del Gobernador morenista Américo Villarreal.

Sin embargo, tras los nombramientos de los Vicefiscales, el quejoso alegó que el citado decreto le acarreará perjuicios de forma irreparable, luego de que funge como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT).

Ramírez señaló que el decreto mediante el cual nombran a los Vicefiscales vulnera su autonomía e independencia de la dependencia a su cargo.

«Transgrede las atribuciones inherentes al cargo que desempeña y que le fueron conferidas a través de la Constitución Política de Tamaulipas», manifestó el funcionario.

Al respecto, el Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, concedió la suspensión definitiva al quejoso, a fin de que no se implemente en la esfera jurídica del Fiscal, la aplicación y ejecución del decreto 65-667.

Además, el pasado 31 de octubre un Juez de Distrito con residencia en Reynosa, suspendió las designaciones de los Vicefiscales, pero esta ocasión lo hace en forma definitiva, lo que representa un nuevo revés para el Congreso del Estado.