Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas entregó este lunes una solicitud al Congreso del Estado, para retirar el fuero a la diputada Úrsula Salazar Mojica a quien se le investiga del probable delito de cohecho.
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada, luego de la filtración de unos audios de llamadas telefónicas donde la diputada pedía a un proveedor de servicios del Conalep alterar las cantidades de las facturas.
«Realizó dos llamadas telefónicas los días 13 y 16 de noviembre del 2018, a un proveedor relacionado con un evento que se realizaría en el Conalep de Tampico, Tamaulipas con la finalidad de que se pagara una factura», Carpeta de investigación.
Los hechos se registraron cuando la ahora diputada, fungía como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas del Conalep Tampico, «La petición de la imputada es que la factura le fuera incrementado un valor extra, el cual solicitaba le fuera entregado, es decir, que la factura se expediría con una cuantía distinta a la cotización para que el dinero extra fuera en beneficio del servidor público».
Luego de que la Fiscalía Anticorrupción confirmara la identificación de voz de la servidora pública a través de pruebas basadas en llamadas telefónicas difundidas en medios de comunicación, se emitió la solicitud dirigida al órgano legislativo a fin de iniciar el proceso de investigación.
«De conformidad con lo previsto en la Constitución Política de esta Entidad Federativa en su artículo 152, párrafo primero y la Ley de Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas en su artículo 25, párrafo primero, solicito la Declaración de Procedencia de Enjuiciamiento Penal en contra de la servidora pública, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien actualmente se desempeña como diputada del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, lo anterior de haber sido autor de la comisión de hecho probablemente constitutivo del delito de Cohecho, previsto en el Código Penal del Estado, vigente en la época de los hechos», se señala en la solicitud entregada al Congreso del Estado.
Con el desafuero, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas, busca esclarecer la presunta «alteración» de facturas, cuando Salazar Mojica fungía como servidor público, siendo este el primer paso para iniciar la Declaración de Procedimiento de Enjuiciamiento Penal e investigar su presunta comisión del delito de cohecho.