Cd. victoria, Tamaulipas.- Un presunto quebranto al erario por al menos 4 mil 500 millones de pesos detectó la Contraloría Gubernamental en la Administración del ex Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Al citado desfalcó se acumulan observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio del panista por aproximadamente 17 mil millones de pesos.
A lo que se suman irregularidades por más de 400 millones de pesos observadas por la Secretaría de la Función Pública contra el anterior gobierno.
Solo por las anomalías en el supuesto mal manejo de 400 millones de pesos se presentaron 45 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Tras el supuesto desfalcó a los recursos públicos ocurridos durante la gestión del PAN, de octubre de 2016 a septiembre de 2022, se han integrado 167 expedientes por responsabilidad administrativa contra ex servidores públicos, aunque ninguno incluye al ex Mandatario de Tamaulipas.
En dichos expedientes se han acumulado más de 300 presuntas irregularidades e inconsistencias.
«Si nosotros estimamos el posible daño al erario tan solo de esos 167 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, estamos hablando de más de 4 mil 500 millones de pesos», aseveró la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.
«La Secretaría de Salud representa más del 93 por ciento de ese presunto posible daño al erario público, ella es la que lidera», agregó al comparecer ante el pleno del Congreso de Tamaulipas por la glosa del primer informe de gobierno del pasado 15 de marzo.
La mayor parte del sexenio pasado la chiapaneca, Gloria Molina Gamboa, ocupó la Secretaría de Salud, en relevo de la panista, Lydia Madero García.
Además de Salud los expedientes incluyen a las Secretarías General de Gobierno, Desarrollo Económico, Educación y Bienestar.
Puntualizó que los 167 expedientes integrados corresponden únicamente a los 60 días del período de entrega-recepción.
«¿Se van a incrementar?, sí, de hecho, en este período de tiempo que ha transcurrido llevamos 560 expedientes de responsabilidad más que, se han integrado», manifestó.
Derivado de los «hallazgos» la Contraloría ha realizado 3 apercibimientos y una inhabilitación temporal.
«Los demás expedientes se encuentran en la fase de investigación», aseguró.
Pedraza mencionó que los delitos no graves prescriben en un período de tres años.
«Y una falta grave en siete años, entonces tenemos el tiempo que marca la ley integrando los expedientes con todas las pruebas que demuestren la culpabilidad más allá de toda duda razonable», subrayó.
De las 45 denuncias, 18 se presentaron contra las pasadas Secretarías General de Gobierno, 11 de Administración y el resto por lo menos una.
Se han identificado delitos relacionados con coalición de servidores públicos, peculado, cohecho y abuso indebido de atribuciones.
«Y evidencia de ellos son los 17 mil millones de pesos que hay en observaciones por la Auditoría Superior de la Federación», comentó.
A la fecha dijo que la nueva administración ha atendido 26 observaciones de las casi 200 recibidas de la ASF y representan un monto solventado por una suma de 860 millones de pesos.
Un monto de 10 mil millones de pesos ha sido observado por falta de documentación comprobatoria y justificada del gasto.
El monto de las observaciones de la Auditoría Superior de la federación es liderado por la Secretaría de Salud, 3 mil 700 millones de pesos; seguida por Obras Públicas, 2 mil 400 millones de pesos, mientras que Administración y Educación por 2 mil millones cada una.
