Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diputados de la Comisión Instructora aprobaron un acuerdo para otorgar una prórroga de 13 días que vencen el próximo 15 de junio, para el ofrecimiento de pruebas en torno a la solicitud de procedencia de enjuiciamiento penal por el probable delito de cohecho en contra de la coordinadora de Morena del Congreso del Estado, Úrsula Patricia Salazar Mojica, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.
La sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo inconforme con el acuerdo, por lo que pidió ampliar la prórroga 30 días, pero su solicitud fue rechazada por cinco votos en contra y dos a favor de los legisladores presentes.
Tras desechar la petición por medio del diputado local de Morena, Humberto Prieto, se pactó que la diligencia se lleve a cabo el próximo 15 de junio a las 10:00 horas, en la sala de la Comisión Instructora.
Originalmente el plazo de ofrecimiento de pruebas por el desafuero vencía hoy, luego del acuerdo de siete días que se aprobó el pasado jueves 26 de mayo, a propuesta de la bancada panista.
En esa reunión, el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, luego de comparecer ratificó la solicitud de la declaración de procedencia de enjuiciamiento penal en contra de la diputada local de Morena, por el probable delito de cohecho, derivado de la grabación de dos audios donde pide moches a un proveedor del Conalep, cuando fungió como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas en el 2018.
Estas dos llamadas telefónicas, de acuerdo con evidencias de la Fiscalía Anticorrupción, se realizaron el 13 y 16 de noviembre de 2018, respectivamente.
La FGJE confirmó por medio de peritajes que uno de los audios sí corresponde a la voz de la legisladora.
De igual forma la Comisión Instructora acordó que se mantenga bajo reserva el escrito presentado como prueba el 2 de junio por la familiar de López Obrador.
Asimismo, pidió a la Unidad de Servicios Parlamentarios girar instrucciones al departamento de Litigios Constitucionales, a fin de que se dé el trámite debido a la demanda de amparo que presentó la quejosa, en el que se le negó la suspensión provisional del acto reclamado.
Salazar, como su defensa, acusó que la Fiscalía ha sido omisa en darles la carpeta procesal, lo que representa una desventaja en el desafuero.
«No nos han dado la carpeta a la defensa, pedimos que nos entreguen la herramienta necesaria para poder hacer nuestra defensa, estamos a ciegas y cumplimos así de manera forzosa con la entrega de las pruebas», criticó.
«La más ofendida en este caso soy yo, porque esto sí me ha afectado en muchas partes de mi integridad, tanto en mi imagen pública, en mi imagen personal, y en mi ámbito social, toda esa guerra sucia que se lleva en mi contra».
«Fiscalía: dénos la oportunidad de defendernos, dénos las herramientas para poder hacerlo. También que a mí se me dé la oportunidad de que se me entreguen las herramientas para poder defenderme y así estemos en la misma condición de armas para defendernos», agregó.
Por su parte, Prieto criticó el plazo que se otorgó, ya que la misma Fiscalía pidió ampliarlo.
«Hubo compañeros que se dejaron llevar por el coraje y habían dicho primero diez días, la Fiscalía, y después siete días, y bueno ahí están los resultados cuando se pierde la objetividad, por eso quiero dejar por asentado que es importante que los diputados siempre nos dirijamos por el raciocinio y dejar a un lado nuestras fobias nuestros caprichos, porque esto es algo muy serio», fustigó.
