El alza que sufrió el precio del cemento en Nuevo León por «impuesto verde» por extracción que aplica desde este año el Gobierno estatal a las pedreras, repercutirá en el mercado de la construcción en Tamaulipas, anticipó Francisco Solares Alemán.
El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) indicó que así se lo externaron ayer empleados de Cemex en el marco de la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la CMIC Nuevo León.
La razón que le argumentaron, dijo, es porque el producto que vende Cemex en Tamaulipas es fabricado con agregados extraídos de las minas en Nuevo León y por los que la compañía pagó el gravamen por extracción.
Solares indicó que hay riesgo de que en otros estados a los que Cemex envía productos desde su planta en Monterrey también paguen un cemento más caro a corto plazo.
Por ello pidió al Gobierno estatal que reevalúe el «impuesto verde» a fin de mitigar la escalada de precios que desde el año pasado viene enfrentando la construcción en el País.
«La situación es difícil, pero hay otros temas aquí locales, me estoy enterando que el ‘impuesto verde’ va a afectar no nada más a Nuevo León… me comentaban ahorita (empleados) de Cemex que el cemento que se vende en Tamaulipas ya les va a subir… Y va a empezar a generar un incremento también quizá a otros estados a los que Cemex distribuye con sus plantas de Nuevo León.
«Hay varios inhibidores para la reactivación económica que debemos buscar revertirlos; según me dicen (los empleados de Cemex), están tratando de que se revise (el gravamen) porque el monto del impuesto es más alto de lo que vale el material».
Sobre lo comentado por sus empleados, Cemex declinó comentar al respecto.
Solares informó lo anterior en entrevista luego del cambio de mesa directiva de la CMIC Nuevo León, la cual preside ahora Roberto Macías para el periodo 2022-2024.
En su mensaje frente a industriales de sector, Solares urgió al Gobierno federal a que ejecute una mayor inversión en obra pública a través de empresas constructoras en lugar de seguir realizándolas a través del Ejército.
La razón, explicó, es porque, a diferencia de las Fuerzas Armadas, las empresas privadas contribuyen a la economía del País en razón de que generan empleos y pagan impuestos por las obras en las que participan, lo cual beneficiaría a las finanzas federales.
Destacó del 2008 al 2021, la facturación de las constructoras en México cayó 37 por ciento debido a la reducción en gasto público en infraestructura.
Derivado de esto, abundó, el gasto público en obra representa un 2 por ciento del PIB cuando debería ser 5 por ciento, como en otros países.
Refirió que, de acuerdo con cifras preliminares y con una fácil base de comparación del 2020, la industria de la construcción en México creció 6 por ciento el año pasado.
«Este año también vamos a creer, probablemente un 5 por ciento, pero será hasta el 2024 cuando logremos alcanzar los niveles que traíamos prepandemia».
