Reynosa, Tamaulipas.- Luego de la muerte del empresario José de la Luz Martínez Ramírez, la Iniciativa Privada de esta ciudad fronteriza reclamó ayer a las autoridades la falta de resultados contra la inseguridad y exigió al Gobierno de Tamaulipas la creación de un fondo especial para enfrentar la problemática.

En un posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Reynosa, suscrito por la Canaco, los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, y la Asociación de Mujeres Profesionistas, se señala que el sector empresarial paga al año mil 600 millones de pesos al Estado tan sólo en el Impuesto Sobre Nómina (ISN), pero persisten las carencias en la lucha contra la violencia.

«En las últimas semanas», señaló el CCE, «nuestra ciudad ha sido testigo de acontecimientos de inseguridad que han dejado una profunda herida en el tejido social.

«La inseguridad que nos aqueja ha cobrado víctimas directas y colaterales de manera lamentable, y ha segado la vida del ciudadano José de la Luz Martínez Ramírez, quien se convirtió en una víctima más de la violencia que azota nuestra región.

«Estos sucesos», añadió, «nos agravian y nos duelen como sociedad, ya que reflejan una realidad alarmante en nuestra región, que no nos permite sentirnos seguros, ni protegidos».

El cuerpo de Martínez fue encontrado la tarde del sábado en una brecha cercana al Puente Internacional Anzaldúas, un día después de que se reportó su desaparición tras acudir a Reynosa a pagar el predial de propiedades.

El empresario de 81 años residía en Mission, Texas, por la inseguridad en Reynosa, contaron ayer allegados a la víctima, quien fue fundadora de escuelas técnicas privadas de gran tradición en la ciudad.

Hasta anoche ninguna autoridad había dado un reporte oficial del caso ni precisado las causas del fallecimiento, pero fuentes ministeriales presumían que había sido secuestrado y sospechaban que había sido asesinado o había muerto durante el plagio por complicaciones de salud, ya que padecía del corazón y de diabetes.

En su texto, el CCE cuestionó que mientras el sector privado cumple con sus obligaciones, las instancias gubernamentales de seguridad no dan los resultados suficientes, por lo que exigieron un fondo especial a la Administración del Gobernador morenista Américo Villarreal.

«Es prioritario», afirmó, «que las autoridades atiendan la situación con acciones concretas y tangibles, respaldadas con los recursos necesarios requeridos para enfrentar esta crisis de seguridad.

«Ante esto», señaló, «exigimos la creación de un fondo estatal específico y transparente para la seguridad pública, que garantice que los recursos del 1 por ciento del ISN sean asignados de manera proporcional a los municipios que más los necesiten y en proporción a lo que aportan.

«La seguridad no es un privilegio», agregó, «es un derecho fundamental que debe ser garantizado por quienes tienen la responsabilidad constitucional de protegernos».