La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha desechado la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de libros de texto en las escuelas públicas de ese Estado del norte de México, gobernado por el opositor PAN. La resolución, votada este miércoles por unanimidad de los integrantes de la sala, ha dejado sin efectos la suspensión concedida inicialmente por el ministro Luis María Aguilar a favor del gobierno encabezado por la panista María Eugenia Campos. Esa suspensión ha impedido el reparto de los materiales educativos en las escuelas de Chihuahua, a seis semanas de que arrancó el ciclo escolar. La decisión adoptada hoy la Corte de hoy permitirá que los libros se distribuyan a partir de ahora.
El proyecto aprobado en la primera sala fue elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, un juez aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ministro razonó en su proyecto que la producción y distribución de los libros de texto es una competencia exclusiva del Gobierno federal, en la que ningún Estado tiene por sí solo alguna atribución que reclamar. La proposición de Zaldívar fue apoyada por los ministros Jorge Pardo, Margarita Ríos, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González. Queda pendiente que el máximo tribunal resuelva un recurso semejante promovido por el Gobierno de Coahuila, Estado gobernado por otro partido opositor, el PRI. Es previsible que, por congruencia, el Supremo siga los mismos argumentos sobre el sistema federalista aducidos en esta ocasión.
La resolución de hoy fue motivada por un recurso de reclamación promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de la suspensión otorgada por el ministro Aguilar. Esta semana, la titular de la Consejería, María Estela Ríos, acudió en persona a la sede del Supremo a presentar alegatos a favor de su recurso. López Obrador ya daba por perdida la batalla judicial, habida cuenta de los continuos disensos entre el mandatario y la Corte. “Hoy van a resolver sobre los libros de texto y es muy probable que resuelvan mantener el amparo para que no se les entreguen los libros a los niños en Chihuahua y en Coahuila. A lo mejor me equivoco. Pero está tomado el Poder Judicial”, dijo en su conferencia de esta mañana, horas antes de la sesión de la primera sala.
La ruta en la Corte parece acercar a su final una de las crisis políticas más difíciles para el Gobierno de López Obrador. Los nuevos libros de texto, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron objeto de una estruendosa crítica proveniente de organizaciones civiles, medios de comunicación, partidos de oposición y gobiernos estatales. Algunos de los señalamientos más recurridos eran que los materiales educativos promovían las ideas de Morena, el partido oficialista; que divulgaban el comunismo o que inculcaban la “ideología de género”, un concepto reaccionario muy anclado en los movimientos conservadores.
Las críticas más razonables señalaban errores de metodología, manipulación de datos y conceptos mal definidos. También se cuestionó el hecho de que la autoridad no haya convocado a debates amplios sobre los contenidos educativos. López Obrador, como suele hacer ante las controversias, dijo que las críticas provenían únicamente de sus detractores y de quienes están “en contra de la transformación”.
