Reynosa, Tamaulipas.- Los policías estatales que denunciaron amenazas en el penal de Matamoros, a donde fueron trasladados luego de ser excarcelados del penal de Victoria, fueron reubicados ahora al penal de Reynosa, donde se encuentran otros tres elementos también acusados de asesinar y calcinar a 19 personas en Tamaulipas en 2021.

La noche del martes 26 de septiembre, seis de los once policías encarcelados en el penal de Victoria, fueron trasladados a los penales de Matamoros y Reynosa, luego de considerarse de alta peligrosidad.

Durante la audiencia del día siguiente, los tres que fueron llevados a Matamoros, denunciaron amenazas a su llegada a dicho centro de reclusión, por lo que dijeron temer por sus vidas.

Aunque el Juez Patricio Lugo Jaramillo ordenó girar un oficio dirigido a la directora de dicho Cedes y de paso al de Reynosa a donde fueron trasladados los otros tres, para que se garantizara la integridad y la vida de los indiciados.

Los abogados tramitaron ayer mismo lo correspondiente para pedir que fueran trasladados a Reynosa o a Victoria, luego que sus vidas corrían peligro, por lo que durante la mañana de este jueves fueron llevados al Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa.

La audiencia programada para las 9:00 horas del jueves, luego de un receso, tuvo que ser reprogramada, pues los tres ex elementos de la policía estatal, apenas estaban llegando a dicho penal y se tenían que hacer los trámites correspondientes y brindarles alimentos, antes de acudir a una sala para dar seguimiento vía remota a la citada audiencia.

El llamado caso Camargo, involucra a cuatro policías estatales y 20 elementos del llamado Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), de los que apenas han sido detenidos 12 oficiales.

Se les acusa de perseguir y disparar contra dos camionetas el 22 de enero del 2021, por brechas del ejido Díaz Ordaz, asesinando a 19 personas, 16 migrantes de Guatemala, uno de El Salvador y dos mexicanos, presuntos polleros que los llevarían hasta la frontera para cruzar a los Estados Unidos.

En la audiencia del pasado 14 de septiembre, el Juez del Tribunal Unitario que lleva el caso, dictó un fallo de culpabilidad para los 12 elementos detenidos, acusados de homicidio, abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones administrativas.

En estos momentos del caso, la Fiscalía está presentando a más de una veintena de testigos con los que busca justificar una condena de casi mil años de cárcel por los delitos cometidos y una reparación del daño a las familias de las 19 víctimas de más de 6 millones de pesos.