Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras ser quitado del cargo provisionalmente, el ex Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, presentó una denuncia de hechos ante la FGJT por los probables delitos de atentar contra la soberanía del Estado y rebelión, en contra de Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del Presidente AMLO y líder del Congreso del Estado e incluye a seis diputados de la bancada morenista, que tuvieron responsabilidad en su remoción.

De acuerdo con la querella, además de la familiar de Andrés Manuel López Obrador, Ramírez demandó también a los legisladores locales de dicho partido político, Casandra Prisilla de los Santos Flores, Eliphaleth Gómez Lozano, José Alberto Granados Fávila, Gabriela Regalado Fuentes, Humberto Armando Prieto Herrera y Consuelo Nayeli Lara Monroy.

Acusó asimismo a diversos funcionarios del Congreso de Tamaulipas entre ellos al Secretario General, Juan Lorenzo Ochoa y al Director Administrativo, Adolfo Antonio Pastor Paz.

«Y a quien resulte responsable, estimando que se han desplegado conductas que salvo error de criterio y apreciación, pudieran ser constitutivas de delito», indicó.

En la denuncia son imputados por los posibles delitos de atentar contra la soberanía del Estado y rebelión.

Según el artículo 145 del Código Penal del Estado, se comete delito de rebelión, por separar del cargo o impedir su desempeño al Gobernador, Secretario General de Gobierno o a cualquier otra autoridad legítimamente nombrada».

El pasado 22 de septiembre integrantes de la Diputación Permanente controlada por Morena y que preside, Humberto Prieto Herrera, aprobaron una iniciativa con punto de acuerdo, para separar del cargo de manera provisional, al entonces Fiscal, al argumentar que perdió los requisitos de elegibilidad, para mantenerse.

Luego de aprobar el documento los señalados acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT), y con cerrajeros abrieron puertas, para dar posesión al nuevo titular, Jesús Eduardo Govea Orozco.

A ocho días de aprobar el acuerdo, la Consejería Jurídica del Gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha deslindado de publicar el decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Por su parte, Salazar, ha evadido abordar el tema y se ha desentendido de la publicación.

«Eso hay que preguntárselo directamente a él, yo no voy a interferir», manifestó.

– ¿En qué plazo va a separarse de manera definitiva al ex Fiscal del cargo?, se le preguntó.

– «Yo creo que el plazo lo va ir determinando la acción que continúa dentro del Congreso que se inició el viernes que es un procedimiento interno del Congreso», respondió.

Reveló, que no existe una fecha fatal para que quede firme la separación de Raúl Ramírez.

También anticipó que por los tiempos, la determinación rebasará el período para el que fue nombrado el actual Fiscal por la Diputación Permanente y que el caso se resolverá en el próximo período por iniciar de.

«Y que obviamente en la Permanente no nos va a alcanzar el tiempo entonces se va a continuar dentro de las Comisiones Ordinarias que tenemos en esta legislatura», subrayó.

Cuestionada en torno a los artículos que aplicaron para retirar al entonces ex Fiscal, evitó mencionarlos, al justificar que es un asunto de carácter reservado.

«Fueron varios artículos y precisamente ese lapso de la acción fue reservada por obvias razones y me voy a mantener en ese sentido», comentó.

Y demanda al nuevo titular Raúl Ramírez denunció ante la FGJT a quien fue nombrado por la Diputación Permanente encargado del despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.

Fue imputado por los probables delitos de atentar contra la soberanía del Estado y rebelión.

Govea, asumió como encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT), el pasado viernes 22 de septiembre.

En torno a la designación de Orozco aseveró que cuenta con la suspensión definitiva en el juicio de amparo 2834/2022, concedida por el Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas.

«Lo anterior evidencia que para remover del cargo al señalado quejoso, en su carácter de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Tamaulipas, se requiere de un juicio o procedimiento previo.

En ese orden de ideas, precisó que la ilegalidad de los actos en mención trae como consecuencia que los diputados locales de Morena, violaron la suspensión otorgada a su favor.