Veracruz, Veracruz.- Daniela María León Linarte, jueza Decimoquinta de Distrito de Veracruz, ordenó a la Fiscalía estatal y al juez de la causa cancelar todas las actuaciones posteriores a la puesta a disposición de la imputada, incluida la vinculación a proceso, según un acuerdo publicado este miércoles en listas.

Aunque esta resolución es impugnable, autoridades judiciales indicaron que el fallo deberá cumplirse, por lo que se espera que la jueza que se encuentra en prisión domiciliaria recupere su libertad.

«La autoridad jurisdiccional declarará nulas todas las actuaciones que haya practicado con motivo de la recepción de dicho oficio (de la puesta a disposición de la detenida)», ordenó la juzgadora, al resolver un recurso conocido como incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, presentado por la defensa.
«Tales como la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas, el auto de vinculación a proceso, cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal».

«En ese mismo auto, en estricto acatamiento a la suspensión provisional de 9 de junio de 2023, dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, al momento de acordar la recepción de tal oficio, determine no tener a su disposición a la allá investigada y, por el contrario, establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ordene que se deje en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno».

Según autoridades consultadas, esta resolución no impide que la Fiscalía de Veracruz vuelva a solicitar una audiencia para imputar y pedir la vinculación a proceso contra la juez, lo que es previsible que ocurra.

Desde el pasado 9 de junio, la juez federal Daniela María León Linarte le concedió una suspensión provisional a su homóloga local contra cualquier orden de aprehensión librada por jueces del Décimo Primer Distrito Judicial y en la resolución precisó que no podían detenerla si los delitos no tenían prevista la prisión preventiva de oficio.

En esa suspensión, expresamente precisó que no podía ser detenida si la orden de aprehensión había sido librada por un delito que no contemplara la prisión preventiva de oficio, como era el caso.

«Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema inquisitivo permitieran el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida materialmente o presentada ante la autoridad que los reclame», indicó la juez León.

Esa misma mañana, la Fiscalía de Veracruz confirmó en un comunicado que había detenido a la juez con una orden de captura fue girada por un juez del Décimo Primer Distrito Judicial -en la Congregación de Pacho Viejo, Municipio de Coatepec- y por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, los cuales no prevén la prisión oficiosa o automática.

Sánchez Hernández fue reaprehendida el 16 de junio en la Ciudad de México, con base en una orden de aprehensión por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, imputación que le fue fincada por la Fiscalía de Veracruz por liberar en cumplimiento de un amparo al supuesto narcotraficante Itiel Palacios, «El Compa Playa».

El Instituto Federal de Defensoría Pública, que representa legalmente a la juzgadora local, presentó una denuncia ante la Juez federal Daniela María León Linarte en la que alegaba que la aprehensión fue ilegal, porque violó la suspensión de amparo que impedía la privación de la libertad.

La primera vez que fue detenida fue el 5 de junio, dos días después de resolver un amparo que ponía en libertad a «El Compa Playa», un presunto capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en 2021.

Durante esa captura, la jueza acusó haber sido víctima de tortura y de coacción, al presuntamente ser obligada a disparar un arma para inculparla.