Cd. Victoria, Tamaulipas. – La Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, evidenció un «saqueo» detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por mil 22 millones 961 mil 184 pesos con quince centavos.
Esto es el resultado de 8 informes de auditoría pendientes de solventar sobre los ejercicios del 2017 al 2020 en los rubros de pago de nóminas federalizadas, falta de documentación comprobatoria del programa “Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”, así como aclaraciones del “Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas” y de Participaciones Federales.
Además, dijo en su comparecencia en el Congreso de Tamaulipas que en el mes de octubre se detectó una omisión en el pago del incremento al tabulador del bienestar en el Incentivo de Promoción a la Función y en el Incentivo de Promoción Horizontal, afectando a mil 548 docentes.
La administración anterior también dejó de pagar la prima de antigüedad generada por baja por defunción.
Las gestiones que no se realizaron, fueron efectuadas iniciando la actual administración y en tan sólo mes y medio se liberó el pago a 228 beneficiarias y beneficiarios por 30.9 millones de pesos.
La herencia del cabecismo en Tamaulipas fue atroz, en materia educativa no hubo Programa Estatal de Educación.
Más de 979 mil niñas, niños y jóvenes que forman parte del Sistema Educativo Estatal, así como los más de 53 mil trabajadoras y trabajadores de la educación fueron víctimas directas de esta negligencia, de acuerdo a lo que expuso la Secretaria Lucía Aimé Castillo Pastor.
La forma en que se condujo y gestionó la política educativa tuvo como herencia un sistema educativo estatal carente de una orientación clara y de visión de largo plazo.
Lo que dejó Mario Gómez Monroy y Héctor Escobar en educación, fue un sistema sin organización de sus procesos internos, ni cumplimiento de la norma y sin respuesta cierta para hacer frente a la crisis educativa acentuada por la pandemia.
Sabiéndose perdidos, entre los meses de julio a septiembre del 2022 «engordaron la nómina» con gran cantidad de cambios y movimientos irregulares de docentes, sin respetar los procedimientos legales, provocando que cientos de grupos, principalmente de la zona fronteriza no tuvieran docente asignado.
«Durante el periodo noviembre-diciembre del 2022, detectamos y validamos 7 mil 047 necesidades de horas docentes en el nivel secundaria en sus tres modalidades, que representan un rezago de 5 años», explicó Lucía Aimé.
En educación inicial así como primaria, especial y telesecundaria, esta administración inició con un faltante de 314 docentes, de los cuales al 28 de febrero se cubrieron 256 vacantes.
Además, la aplicación discrecional de la norma y una mala planeación en relación con la movilidad docente, afectó no sólo a los que iniciaron procedimientos regulares, sino también a los que se movieron de manera irregular, pues dicha acción provocó que no se les pudiera pagar el incentivo de promoción horizontal al estar éste vinculado al centro de trabajo de adscripción.
En el caso de secundarias, esto provocó que no pudieran recibir horas adicionales, generando también problemas de pago por estar ubicados en una escuela distinta a la que pertenecen administrativamente.
