CDMX.- En el proyecto de sentencia que será sometido a votación este miércoles en sesión vespertina del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial (TEPJF), se propone confirmar el cómputo total, la validez de la elección de Gobernador en Tamaulipas y la constancia de mayoría en favor de Américo Villarreal (Morena) por una diferencia de 88 mil 583 votos, esto es el 6.08 por ciento de la votación.
De acuerdo al documento hecho público y circulado entre los magistrados, el PAN, que presentó el recurso como parte de la coalición Va por Tamaulipas que postuló junto con PRI y PRD al candidato César «Truko» Verástegui, no presentó pruebas que pudieran llevar a plantear una violencia generalizada y presunta injerencia del crimen organizado en los comicios y servidores públicos que pudieran ser considerados determinantes para el resultado.
En el caso de la violencia generalizada y crimen organizado, uno de los argumentos centrales para que el PAN -actualmente en la Gubernatura de Tamaulipas- pidiera la anulación de la elección del 5 de junio, se rechaza la pretensión de utilizar pruebas indirectas y el método conocido como «análisis contextual», ya que considera que al ser el partido en el gobierno del estado y gobernar la mayoría de los municipios, pudo conseguir otro tipo de pruebas ue contribuyeran a su denuncia.
«El Partido Acción Nacional solicitó que se flexibilizara el estándar probatorio, a partir de un ‘análisis contextual’, para tener por acreditada la intromisión del crimen organizado en la elección de la gubernatura, toda vez que el caudal probatorio que aportó únicamente consistió en medios indirectos de prueba, como lo eran las notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, y denuncias de hechos ante diversas autoridades», señala el proyecto.
«El Tribunal local consideró que no era viable aplicar un estándar probatorio contextual, basándose en el criterio de esta Sala Superior porque no existían las circunstancias que hubiesen hecho imposible la presentación de pruebas, toda vez que, el partido denunciante detentaba la titularidad de las instituciones estatales como la gubernatura, la fuerza policial, el Congreso local, la Fiscalía General de Justicia, así como la titularidad de 29 de los 43 ayuntamientos», señala la sentencia local que se propone confirmar en este rubro.
Las pruebas presentadas como videos o notas periodísticas no se consideraron suficientes para acreditar esta denuncia de violencia y crimen organizado en los comicios, que de acreditarse podría ser una causal de nulidad de una elección. Solo presentó lo que pueden considerarse indicios o suposiciones, añade el documento.
La propuesta de sentencia circulada y hecha pública por el magistrado José Luis Vargas, para apuntalar lo anterior, señala que en el expediente tampoco se encontraron denuncias sobre la violencia o injerencia del crimen organizado en las instancias electorales locales.
«Si de conformidad con las constancias en autos, no se advirtió una irregularidad grave en las 4,777 casillas instaladas en los 43 municipios de Tamaulipas, ni en los reportes del Instituto local se asentó la intervención de grupos del crimen organizado, no existía ninguna forma para poder adminicular las pruebas contextuales que aportó el partido recurrente», señala el escrito.
«Esto es así, porque en las actas de sesiones de los 22 consejos distritales del Instituto local, no existe ningún señalamiento por parte de los partidos políticos con relación a hechos de violencia que hubieren afectado la participación del electorado; esto fue reforzado con los informes policiales, de los cuales no se advirtió alguna irregularidad; así como de la inexistencia de las carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República o Estatal, por actos de violencia durante la jornada electoral», se refiere en el proyecto.
Entre los elementos presentados por el PAN menciona notas y videos relacionados con el nombramiento de Américo Villarreal como delegado de Morena en Sinaloa en procesos electorales federal y locales 2020 y 2021; video en redes en el que presuntos integrantes de los cárteles del Golfo y los Zetas, relatan las actividades que realizarían en Ciudad Victoria, Tamaulipas; entrevista a una supuesta secretaria de Sergio Carmona (empresario asesinado en noviembre de 2021 y al que se ligaba al crimen organizado) afirmando que prestó apoyo logístico a la campaña morenista, así como un supuesto dirigente estatal morenista defendiendo al cártel del Golfo y que fue suspendido de sus derechos partidistas.
«Se consideró que estas pruebas solo podían arrojar simples indicios porque no generaban convicción sobre la existencia de hechos de violencia generalizada e intromisión del crimen organizado en la elección», señala el proyecto al referirse a la sentencia local que en lo esencial se propone confirmar.
Ebrard, infractor
El proyecto confirma en lo general la sentencia del Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas, avala su investigación que hizo en todas las denuncias presentadas por los panistas, y solo propone modificar la presunta exoneración del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de una funcionaria local denunciada, Nataly García, presidenta municipal de Díaz Ordaz, por haber participado en eventos públicos y manifestado abiertamente su apoyo al candidato morenista.
«En la presente ejecutoria se evidenció que el Tribunal local omitió indebidamente el estudio de tales irregularidades, a pesar de vincularse con la pretensión y las pruebas aportadas por el recurrente, lo que ocasionó que se dejaran de considerar que las manifestaciones de los referidos funcionarios públicos, por lo que actualizaron una infracción a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, tutelados en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal», señala el proyecto.
