CDMX.- Una sucesión gubernamental conflictiva ha marcado el periodo postelectoral en Tamaulipas y, a menos de un mes de relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya, el gobernador electo, está a ciegas: el gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca le cierra el acceso a información sobre «las condiciones reales en las que se encuentra la entidad», al mismo tiempo que, por la vía legislativa, evita la entrega-recepción de áreas estratégicas, como el agua potable y la seguridad.

De por sí las elecciones del 5 de junio que dieron la victoria al morenista siguen el curso de la judicialización, por lo que la certeza sobre el inicio de su mandato está aplazada hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones a finales de septiembre, apenas días antes del cambio previsto por la ley para el 1 de octubre.

En entrevista realizada el pasado 31 de agosto, Villarreal admite que en los últimos años ninguna sucesión en el país ha resultado tan turbia. Dice que en otras circunstancias buscaría un acuerdo e inclusive la conciliación, pero hoy a los gestos de aproximación no encuentra reciprocidad:

«Mi opinión en este momento, y a lo mejor por lo que me ha tocado vivir, es que la posición (de Cabeza de Vaca) es enturbiar el proceso de entrega-recepción con la finalidad de no dejar ver claramente cuáles son las condiciones reales de lo que está viviendo la entidad», dice.

Ofrece un ejemplo:

La diputación permanente del congreso local, con mayoría cabecista y alianza con el PRI, modificó el 27 de junio, tres semanas después de las elecciones, diferentes estructuras institucionales sin seguir el procedimiento correspondiente.

Así, «de manera arbitraria y con mayoría autoritaria», a juicio del entrevistado, se pasaron diversas áreas de seguridad a la Fiscalía General de Justicia en la entidad.

Villarreal sostiene que el objetivo es evitar que tenga acceso a la información sobre el estado de la seguridad y evitar el control que el gobernador en funciones tiene sobre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el comando elite llamado Grupo de Operaciones Especiales; el Centro de Análisis, Estudios e Información y la Unidad de Inteligencia Financiera del estado.

Con esa medida, García Cabeza de Vaca intenta dejar esas áreas estratégicas de la seguridad pública bajo el control del fiscal general Irving Barrios Mojica, un abogado identificado con el grupo político de Roberto Gil Zuarth, que está en el cargo desde 2016 y permanecerá ahí hasta 2027.